Prólogo del libro: “NOALABAJA. Un triunfo de la juventud uruguaya”

Recuerdo la primera vez que vi escrito sobre un muro de Montevideo la frase “Ser joven no es delito”. Todavía no era ni joven, pero la frase ya lucía desgastada en la pared del barrio. Es una afirmación que llega como un golpe en la cara: ¿por qué los jóvenes de un país sienten la necesidad de escribir algo así en un muro? ¿Sucedería en todos los países?

Pero este prólogo no trata de mis impresiones de una frase, sino sobre una batalla particular por los derechos de los y las jóvenes que marcó a una generación política entera. Uruguay es un país pequeño en población, de algo más de tres millones de habitantes que viven al sur del Sur. En el Uruguay contemporáneo somos aproximadamente 780 mil jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, casi un 24% del total de la población del país. A diferencia de otros países de la región, el momento de “transición demográfica” donde la población joven es relativamente abundante y puede hablarse de la existencia de un “bono demográfico” ya es cosa del pasado.

Sin embargo, en ese mismo país envejecido, cuando todas las encuestas de opinión pública marcaban una opinión ampliamente favorable y transversal del electorado de todos los partidos políticos a favor de una propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, un puñado de jóvenes emprendieron un camino de resistencia que los llevó a derrotar dicha propuesta en las urnas en octubre de 2014.

Sin lugar a dudas uno de los factores fundamentales de dicha derrota fue la formación de la “Comisión Nacional No a la Baja”, que generó una campaña fresca, profesional, de fuertes contenidos y con una capacidad de tracción sobre el conjunto del Uruguay organizado como pocas veces se ha visto. Ninguna organización social que se haya tomado en serio la discusión de la temática se pronunció a favor de la reforma constitucional: juventudes de todos los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios estudiantiles, sindicatos, movimientos religiosos, asociaciones profesionales, entre muchos otros.

Volvamos a la frase del muro del barrio. De joven me encontré dos veces más con esas palabras tan simbólicas: la primera, cuando escuché la “marchita” de la organización política en la cual empecé a militar; y la otra, trabajando para el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). Pero, ¿qué tiene que ver un instituto de la juventud con esto?

Como se plantea desde el INJU, los jóvenes históricamente han sido puestos “en el banquillo de los acusados”. Por sus ideas, por sus modas, por sus prácticas sexuales, por su relación con el uso de sustancias psicoactivas, por cuestiones vinculadas al delito, entre otras. Una institucionalidad en juventud en un país envejecido debe ser capaz de poner arriba de la mesa estas cuestiones de modo de batallar culturalmente por posicionar a los jóvenes como lo que son, sujetos de derechos, actores centrales en un proyecto político de desarrollo.

Acabamos de salir de una intensa batalla por quitar a los jóvenes del lugar del peligro y la criminalidad. Los organismos especializados en juventud no pueden nunca, bajo ninguna circunstancia, mirar hacia el costado en la promoción y defensa de los derechos humanos en toda su extensión. Si bien existe una amplia gama de actividades donde los jóvenes construyen y promueven ciudadanía, por ejemplo desde lo cultural, persisten aún ámbitos donde se dificulta su participación como actores protagónicos en los procesos de toma de decisiones de políticas.

Uruguay cuenta en la actualidad con un Plan de Acción de Juventudes 2015-2025 que tiene como objetivo oficiar de repertorio de políticas públicas destinadas a los jóvenes, construido participativamente desde una perspectiva de derechos. En este marco, se está trabajando para lograr una inclusión de los y las jóvenes, a través de la construcción y articulación de políticas públicas de calidad que se combinen con espacios de participación reales. Ahí se encuentra parte importante de los desafíos del Uruguay que viene.

A los y las adolescentes y jóvenes que dedicaron todo lo que tenían a su disposición y más para defender sus derechos, pueblo a pueblo, barrio a barrio y familia a familia, y lograron convencer a un país hasta hacerlo cambiar de opinión, nuestro más profundo reconocimiento. Falta mucho, pero falta menos.

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